El Partido Radical Social Demócrata, PRSD, inspirado en los principios del humanismo laico y en los fundamentos políticos de la socialdemocracia, propugna la construcción de una sociedad democrática y profundamente humanista, que reconoce en el consenso afectivo y racional las bases de la cohesión nacional, razón por la cual no podemos dejar pasar inadvertido el momento histórico que vive nuestro país, donde el debate sobre los derechos humanos nos sitúa en el interés de la paz y la justicia.
Nuestro carácter profundamente chileno, comprometido con la historia y el futuro de la patria, nos permite observar con preocupación el sentido de la propuesta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que evade su responsabilidad en los luctuosos sucesos que acompañaron el periodo del gobierno militar, donde se atropellaron los derechos de las personas y se cometieron los más atroces crímenes de la historia republicana.
Como Partido convencido que la realización integral del ser humano sólo puede alcanzarse en un sistema democrático, con real vigencia de las libertades públicas y la observancia al Estado de Derecho, resulta inaceptable aquella proposición que intenta con subterfugios establecer un Punto Final a los casos de Derechos Humanos, que se prolongan ya por treinta años.
El compromiso con la verdad y la justicia, nos llevan a sostener que la condena a los crímenes de lesa humanidad no puede tener excepción. Ningún actor político puede ocultar sus responsabilidades en el proceso de polarización que vivió nuestra sociedad y que generó un clima de beligerancia extrema. Nosotros no somos la excepción, cometimos errores y de ellos surgen poderosas lecciones para ser más eficaces en los caminos del entendimiento nacional y en la construcción de una sociedad basada en el crecimiento y el desarrollo con acento en los más pobres y desamparados.
No obstante, en ejercicio de la tolerancia y la libertad, conforme a nuestra naturaleza racionalista y laíca, nos manifestamos a favor de encontrar una solución civilizada respecto de las violaciones a los Derechos Humanos, concediendo el espacio del proceso justo a quienes han cometido tan atroces crímenes, que hoy pese a los años siguen estando presente en la conciencia nacional y mundial como un recuerdo de lo que humanidad ha tipificado como los acontecimientos del “nunca más”.
Así, ajenos a todo espíritu revanchista, rechazamos, junto a las otras voces que se alzan en estos días, legar a las futuras generaciones la impunidad y la ausencia de reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
Somos firmes partidarios que el Estado de Chile entregue a los familiares de las víctimas una reparación económica destinada a mitigar en parte los efectos patrimoniales causados por el brutal desaparecimiento de sus deudos, sin que ello implique de modo alguno que dicha reparación pueda tener el carácter de indemnización compensatoria por el daño moral y el dolor sufrido por ellos.
El humanismo, en su más alta expresión proclama que la vida humana y su integridad física y espiritual no pueden tener equivalencia material o financiera.
También, damos nuestro total respaldo a la necesaria designación de un mayor número de jueces con dedicación exclusiva y que en el desarrollo de los procesos judiciales la figura jurídica de muerte presunta no puede detener ni menos aún poner término a las investigaciones judiciales tendientes a esclarecer la causa real del desaparecimiento y la identidad de sus autores materiales e intelectuales.
La tragedia de Chile, sólo podrá ser resuelta a través de un vasto e histórico Acuerdo Nacional, que con la serenidad del presente, fije la condena al terrorismo de Estado y mantenga a perpetuidad la sanción moral a quienes arrastraron a la institucionalidad republicana al ejercicio de la violencia para construir un modelo de sociedad autoritaria en nuestro país.
La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil sigue siendo una necesidad de coherencia democrática, que debe ser corregida a fin de garantizar la certeza de un futuro desarrollo pacífico, en donde las diferencias políticas y sociales se resuelvan civilizadamente procurando establecer la armonía social a que aspiran todas las naciones.
Porque estamos convencidos que el golpe de Estado se pudo haber evitado, el establecer las distinciones éticas en la interpretación de los hechos históricos para la sana convivencia, pasa por el justo reconocimiento de las responsabilidades no sólo personales sino colectivas, en tal sentido no contribuye en nada la parcialidad informativa de la red privada de medios masivos de comunicación que con sus emisiones respecto del sentir nacional provocan una suerte de esquizofrenia social.
Asimismo, los partidos de la Concertación y el Gobierno deben revisar en detalle cuánto hemos dejado de hacer a favor de los Derechos Humanos, ya en la reparación a los familiares de las víctimas de la dictadura, sean estos detenidos desaparecidos o torturados o ex prisioneros políticos y de conciencia, como respecto a su promoción e incorporación en la formación de las nuevas generaciones de chilenos.
Por lo anterior, respaldamos plenamente la solicitud de dar continuidad a la labor de los jueces especiales que buscan dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, cuya figura del secuestro, sin perjuicio de la declaración de la muerte presunta, debe ser una jurisprudencia penal inalterable que marcará el rumbo ético de la nación, sobre todo cuando se continúan haciendo avances que consolidan el proceso de más justicia en Chile.
Nuestra trágica historia nacional reciente, nos lleva a ratificar que seguiremos abogando por la paz y el desarme, defendiendo y respetando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, como la solución pacífica de las controversias, el respeto de los tratados, la integración latinoamericana y la cooperación entre las naciones, en lo que destacamos el valor del reconocimiento al Tribunal Penal Internacional que sanciona el genocidio y los crímenes de guerra como a la Convención Interamericana sobre desaparición forzosa
Nuestro carácter profundamente chileno, comprometido con la historia y el futuro de la patria, nos permite observar con preocupación el sentido de la propuesta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que evade su responsabilidad en los luctuosos sucesos que acompañaron el periodo del gobierno militar, donde se atropellaron los derechos de las personas y se cometieron los más atroces crímenes de la historia republicana.
Como Partido convencido que la realización integral del ser humano sólo puede alcanzarse en un sistema democrático, con real vigencia de las libertades públicas y la observancia al Estado de Derecho, resulta inaceptable aquella proposición que intenta con subterfugios establecer un Punto Final a los casos de Derechos Humanos, que se prolongan ya por treinta años.
El compromiso con la verdad y la justicia, nos llevan a sostener que la condena a los crímenes de lesa humanidad no puede tener excepción. Ningún actor político puede ocultar sus responsabilidades en el proceso de polarización que vivió nuestra sociedad y que generó un clima de beligerancia extrema. Nosotros no somos la excepción, cometimos errores y de ellos surgen poderosas lecciones para ser más eficaces en los caminos del entendimiento nacional y en la construcción de una sociedad basada en el crecimiento y el desarrollo con acento en los más pobres y desamparados.
No obstante, en ejercicio de la tolerancia y la libertad, conforme a nuestra naturaleza racionalista y laíca, nos manifestamos a favor de encontrar una solución civilizada respecto de las violaciones a los Derechos Humanos, concediendo el espacio del proceso justo a quienes han cometido tan atroces crímenes, que hoy pese a los años siguen estando presente en la conciencia nacional y mundial como un recuerdo de lo que humanidad ha tipificado como los acontecimientos del “nunca más”.
Así, ajenos a todo espíritu revanchista, rechazamos, junto a las otras voces que se alzan en estos días, legar a las futuras generaciones la impunidad y la ausencia de reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
Somos firmes partidarios que el Estado de Chile entregue a los familiares de las víctimas una reparación económica destinada a mitigar en parte los efectos patrimoniales causados por el brutal desaparecimiento de sus deudos, sin que ello implique de modo alguno que dicha reparación pueda tener el carácter de indemnización compensatoria por el daño moral y el dolor sufrido por ellos.
El humanismo, en su más alta expresión proclama que la vida humana y su integridad física y espiritual no pueden tener equivalencia material o financiera.
También, damos nuestro total respaldo a la necesaria designación de un mayor número de jueces con dedicación exclusiva y que en el desarrollo de los procesos judiciales la figura jurídica de muerte presunta no puede detener ni menos aún poner término a las investigaciones judiciales tendientes a esclarecer la causa real del desaparecimiento y la identidad de sus autores materiales e intelectuales.
La tragedia de Chile, sólo podrá ser resuelta a través de un vasto e histórico Acuerdo Nacional, que con la serenidad del presente, fije la condena al terrorismo de Estado y mantenga a perpetuidad la sanción moral a quienes arrastraron a la institucionalidad republicana al ejercicio de la violencia para construir un modelo de sociedad autoritaria en nuestro país.
La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil sigue siendo una necesidad de coherencia democrática, que debe ser corregida a fin de garantizar la certeza de un futuro desarrollo pacífico, en donde las diferencias políticas y sociales se resuelvan civilizadamente procurando establecer la armonía social a que aspiran todas las naciones.
Porque estamos convencidos que el golpe de Estado se pudo haber evitado, el establecer las distinciones éticas en la interpretación de los hechos históricos para la sana convivencia, pasa por el justo reconocimiento de las responsabilidades no sólo personales sino colectivas, en tal sentido no contribuye en nada la parcialidad informativa de la red privada de medios masivos de comunicación que con sus emisiones respecto del sentir nacional provocan una suerte de esquizofrenia social.
Asimismo, los partidos de la Concertación y el Gobierno deben revisar en detalle cuánto hemos dejado de hacer a favor de los Derechos Humanos, ya en la reparación a los familiares de las víctimas de la dictadura, sean estos detenidos desaparecidos o torturados o ex prisioneros políticos y de conciencia, como respecto a su promoción e incorporación en la formación de las nuevas generaciones de chilenos.
Por lo anterior, respaldamos plenamente la solicitud de dar continuidad a la labor de los jueces especiales que buscan dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, cuya figura del secuestro, sin perjuicio de la declaración de la muerte presunta, debe ser una jurisprudencia penal inalterable que marcará el rumbo ético de la nación, sobre todo cuando se continúan haciendo avances que consolidan el proceso de más justicia en Chile.
Nuestra trágica historia nacional reciente, nos lleva a ratificar que seguiremos abogando por la paz y el desarme, defendiendo y respetando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, como la solución pacífica de las controversias, el respeto de los tratados, la integración latinoamericana y la cooperación entre las naciones, en lo que destacamos el valor del reconocimiento al Tribunal Penal Internacional que sanciona el genocidio y los crímenes de guerra como a la Convención Interamericana sobre desaparición forzosa
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